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Comparecencias por crisis carcelaria terminaron entre pedidos de indultos, y roces entre funcionarios y Asamblea

El director del sistema penitenciario, Edmundo Moncayo, planteó este lunes 1 de marzo de 2021 que se considere los mecanismos de indultos y amnistías para bajar el nivel de hacinamiento en las cárceles del país.

Moncayo formuló este pedido ante el Pleno de la Asamblea, en donde compareció vía telemática para presentar un informe tras la masacre que la semana pasada cobró la vida de 79 reos en cárceles de Guayaquil, Cuenca y Latacunga.

“Considero que la Presidencia de la República, y ustedes señores asambleístas podrían plantearse y buscar indultos, amnistías, a ciertos grupos de personas no peligrosas como, por ejemplo, mulas del narcotráfico de bajas escalas”, manifestó.

El funcionario precisó que el hacinamiento es un foco de “evidente tensión” en las cárceles y sostuvo que la Asamblea también tiene parte de responsabilidad al aprobar reformas no técnicas en materia penal.

Según Moncayo, la población penitenciaria se incrementó “de manera abrupta” tras la promulgación del Código Orgánico Integral Penal (Coip), en 2014, y las reformas que se hicieron en 2020.

“Hoy tenemos más agravantes que antes y casi ninguna atenuante. Gran parte de la gente que está sentenciada tiene penas máximas, con las leyes que ustedes que han creado posiblemente con la mejor de las intenciones el sistema judicial no sabe qué hacer, los procesos son lentos, las sentencias no
siempre les dan seguridad”, añadió.

Refirió que en 2014 se tenían 23 500 personas privadas de la libertad y el nivel de hacinamiento bordeaba el 0.24%, pero cinco años después (en 2019) este indicador se incrementó al 40.11% cuando se registraban 40 006 reos.

“La mínima intervención penal, el derecho penal de último ratio y la excepcionalidad de la prisión preventiva han sido dejados de lado por la función judicial”, expresó.

Moncayo precisó que a febrero de 2021 el hacinamiento bajó al 29.87% con 38 800 presos, aunque manifestó que 9 000 de ellos no tienen camas para descansar. “Ya no hay más espacio y el sistema judicial nos sigue remitiendo privados de la libertad”, insistió.

Desmentidos y reclamos

Moncayo y el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, desmintieron al asambleísta José Serrano (AP) de que se habrían registrado 40 alertas antes de la masacre de la semana pasada.

“Nunca recibí una información que me permita suponer que los hechos iban a suceder en la escala que se sucedieron (…). Hubo conatos de amotinamiento en otros centros de privación, mismos que fueron contenidos”, afirmó Moncayo.

Pazmiño desmintió que el Gobierno haya llegado a un acuerdo con el líder de Los Choneros, alias Rasquiña, para el control de las cárceles o entrega de información. El sujeto fue asesinado el año pasado en Manta, tras recuperar su libertad.

Por su lado, Patricio Carrillo, comandante de la Policía, manifestó que la Asamblea está en deuda con el país, pues hasta ahora no ha aprobado una ley de inteligencia que le brinde herramientas en esta materia a la institución.

Sus expresiones fueron rechazadas por el presidente de la Comisión de Seguridad, Fernando Flores (Creo), quien llamó a que las autoridades asuman sus responsabilidades.

Impunidad

Carrillo también denunció que desde 2014 se han registrado más de 75 amotinamientos y que no se han aplicado sanciones para ninguno de los presos, a pesar de haberlos identificado. Por el contrario, mencionó, muchos recibieron la prelibertad, acogiéndose a beneficios por buena conducta.

Recordó que en 2016 la Policía intervino en un motín en la cárcel de Turi (Cuenca), pero 37 uniformados fueron sentenciados por extralimitación en el uso progresivo gradual de fuerza, lo que “va minando la confianza” de la institución, señaló.

Carrillo aseveró que entre el 25 y 30% de los fallecidos en el último amotinamiento de los centros penitenciarios era gente que se había beneficiado de la prelibertad y regresaban a los centros.

Además, reveló que antes de la masacre, el 23 de enero pasado, la Policía impidió el ingreso de una bazuca a un centro penitenciario, aunque no dio más detalles.

Recursos

La falta de recursos económicos y humanos para el control de las cárceles ocupó un capítulo a parte en las comparecencias de estos funcionarios.

Moncayo refirió que, en 2014, el presupuesto era de USD 160 millones para el sistema carcelario, pero que en 2019 se redujo a USD 98 millones. En 2021 se gestionó un aumento de USD 8 millones.

El ministro Pazmiño atribuyó la reducción presupuestaria a la aguda crisis económica que vive el país. Apuntó que la creación de magacentros para privados de la libertad, en el anterior Gobierno, es otro de los nudos críticos para el control.

Pazmiño manifestó que lo ocurrido en las cárceles es el síntoma de un problema mayor, que es el crimen organizado, que azota a la región y el mundo. En el caso de Ecuador, dijo que este problema se acentuó desde 2017 cuando fue capturado alias Gerald, conocido como el “Pablo Escobar ecuatoriano”, en Colombia.

“Estamos hablando de la confrontación que existe entre organizaciones criminales con contactos transnacionales”, dijo el Secretario de Estado.

Rehabilitación

Asambleístas
también pidieron cuentas a los funcionarios sobre la rehabilitación de los presos. Esto, frente a unas expresiones del Comandante de la Policía, quien dijo: “Estamos trabajando con una sobrepoblación de gente absolutamente violenta, haciendo un estudio etnográfico muy rápido; jóvenes, la gran mayoría, que tienen ninguna actividad, viven en la ociosidad al interior del centro penitenciario”.

Moncayo aseveró que se mantienen los programas de educación, cultura, entre otros, para lograr la rehabilitación y reinserción social de los presos.

Resolución

Al finalizar la comparecencia, después de una sesión que tomó casi seis horas, con 84 votos a favor, la Asamblea aprobó una resolución para pedir al presidente Lenín Moreno la destitución de los tres funcionarios.

Written by perú despierta

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