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Crisis carcelaria – El Comercio

La situación de las cárceles en el país no puede estar peor. La reciente masacre en la Penitenciaría del Litoral, en la cual fueron asesinados 68 presos, pone al Ecuador frente a una cruda realidad: la incapacidad del gobierno de turno para poner orden y administrar debidamente los centros carcelarios del país.

318 personas privadas de la libertad (PPL) han fallecido desde febrero de este año producto de los enfrentamientos entre las bandas criminales de los Choneros, Lobos, Tiguerones, Águilas, Latin King, entre otros.

Tras la muerte de “alias Rasquiña”, líder de la banda de los Choneros a inicios del 2020, se desató una guerra entre estos grupos delincuenciales para controlar las cárceles del país y, del mismo modo, zonas y territorios para el tráfico de droga. No solo eso. Se han convertido en una pieza clave para el transporte, almacenamiento y envío de drogas a carteles internacionales (principalmente mexicanos). De ahí que cuenten con ingentes recursos para corromper a todo el mundo: guías penitenciarios y directores de las cárceles, abogados, policías, militares, fiscales, jueces e incluso políticos.

El Ecuador está por convertirse en un “narcoestado”. Lo que sucede dentro y fuera de los centros carcelarios es solo una evidencia de ello. Frente a la gravedad de la situación, las acciones emprendidas por el actual gobierno han sido erráticas y poco oportunas. Es inconcebible que, de acuerdo a lo que mencionan los medios de comunicación y hasta las mismas autoridades, la Penitenciaria del Litoral esté controlada por los mismos presos. “Ellos tienen las llaves de las celdas y deciden quién entra y quién no entra a los pabellones”. Simplemente insólito.

En lugar de asumir la responsabilidad y tomar acciones acertadas frente a la crisis carcelaria que se vive en el país, el presidente Lasso ha culpado de ello a la Corte Constitucional porque le han limitado la posibilidad de usar a las fuerzas armadas para poner orden en las prisiones. Me pregunto: ¿No es la SNAI, la cual depende a su vez del Ministerio de Gobierno, la que debería reestructurarse e intervenir?

Al igual que el decreto de “estado de excepción”, firmado el pasado 18 de octubre, la militarización de las cárceles y el proyecto de Ley de Defensa Ciudadana no van a solucionar el problema. Son soluciones parche. Declaraciones fugaces que buscan tener un impacto ante la opinión pública y frenar así el franco deterioro de la imagen del gobierno, el cual, al parecer, no puede y no sabe cómo abordar la crisis carcelaria.

Como en otras carteras de Estado, en las cuales también se aprecian falencias, no es suficiente contar con colaboradores leales y de confianza. Se requiere conocer en profundidad las problemáticas de cada sector. No se diga de uno tan importante y delicado como es el de la seguridad del Estado.

A más del control total que debería ejercer el gobierno en las cárceles, tiene la obligación de proteger y salvaguardar la vida de los detenidos. 318 muertos es escalofriante.

Written by perú despierta

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