in

Cuatro pedidos de inteligencia político avanzan

Las comparecencias que formaron parte de la solicitud de inteligencia político contra Víctor Anchundia, superintendente de Compañías, terminaron. Adicionalmente de este caso existen tres pedidos de interpelación calificados, internamente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Doméstico.

Tres corresponden a autoridades nombradas por el Consejo de Décimo Ciudadana (Cpccs) Transitorio, tras la consulta popular del 2018. En ese agrupación constan Anchundia; la superintendenta de Bancos, Ruth Arregui; y el procurador, Íñigo Salvador. Carlos Riofrío, contralor subrogante, en cambio, fue prestigioso por el excontralor Pablo Celi.

Los legisladores Luis Almeida (PSC) y Ricardo Vanegas (Pachakutik), los dos interpelantes, presentaron ayer (22 de noviembre del 2021) sus alegatos contra el Superintendente de Compañías, a quien los acusan por supuesto incumplimiento de funciones.

Uno y otro sostienen que el funcionario no ejerció los controles adecuados en las operaciones bursátiles efectuadas entre el 2014 y 2020, que presentaron irregularidades y que dejaron una afectación de USD 990 millones al Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol). Piden que el mensaje de la Comisión recomiende la censura y destitución del Superintendente.

Como parte de su descargo, Anchundia mencionó que entre el 2011 y el 2018 fue Intendente Doméstico de Compañías y que sus funciones estaban “ajenas al mercado de títulos”. A posteriori se desempeñó como Superintendente encargado, antiguamente de su designación como titular. “Resulta ilógico que se trate de responsabilizarme de operaciones bursátiles ocurridas antiguamente de agosto del 2018”. Calificó al caso como una “suma de irregularidades” realizadas por funcionarios del Isspol, por fuera del mercado de títulos y “sin reportar a la Superintendencia de Bancos”.

Almeida todavía cuestionó ayer la designación de Anchundia efectuada por el Cpccs-Transitorio. Acusó que con ese proclamación supuestamente se estructuró una “entidad paralela” e incluso habló de un supuesto “reparto”.

Según Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión, se recibieron más de 200 pruebas documentales en este caso. Agregó que encima del proceso de control contra el Superintendente de Compañías, lo que se averiguación es calar al fondo de una trama de corrupción que perjudicó a más de 80 000 familias vinculadas a la Policía Doméstico.

El próximo inteligencia político que se tramitará será contra la superintendenta de Bancos, Ruth Arregui, todavía señalada por el caso Isspol.

Esta solicitud la impulsa Darwin Pereira (Pachakutik), quien sostiene que existirían ocho causales de incumplimiento de funciones. Entre ellas, que supuestamente no se controlaron las renegociaciones de las entidades financieras durante la pandemia o inacción para controlar los fraudes en canales digitales. La funcionaria ya ha comparecido al Constitucional para explicar las acciones en esos casos.

Luego, está el pedido de inteligencia político contra el procurador, Íñigo Salvador, impulsado por el senador correísta Ferdinan Álvarez, por supuesto incumplimiento en la defensa de los intereses del Estado en los procesos arbitrales contra las petroleras Perenco y Chevron-Texaco.

Salvador, en rueda de prensa, defendió su recital y recordó que esta demanda se inició en el 2008, durante el gobierno de Rafael Correa, a raíz del cambio de condiciones de los excedentes de los contratos petroleros.

Desde la bancada correísta se ha cuestionado en reiteradas ocasiones las designaciones que se hicieron durante la etapa de transición, calificada como “trujillato”. Adentro de este pedido de inteligencia político, criticaron a Salvador por unas declaraciones en las que el funcionario recomendaba acreditar USD 374 millones a protección de Perenco. Igualmente lo señalan por su pronunciamiento sobre el retorno al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a inversiones (Ciadi).

Por zaguero, llegará el inteligencia político contra el contralor Riofrío, impulsado todavía desde el correísmo, a través del senador Ronny Vallejo. Se lo señala por un supuesto incumplimiento de funciones, luego de que en las redes sociales de Contraloría se anunciara que las contrataciones menores a USD 900 000 no requerirán mensaje previo, lo que, a criterio del interpelante, “implicaría una reforma a la ley de la institución”. Este caso se ventilará, en medio del concurso de méritos y competición, para designar al reemplazo de Riofrío, quien asumirá a partir de marzo del 2022.

En los seis meses del presente período asamblea, se han censurado a través de inteligencia político a tres funcionarios: al excontralor Pablo Celi; al exdefendor del Pueblo Freddy Carrión y todavía al exministro de Energía, René Ortiz.

Written by perú despierta

Agregue un comentario

Su dirección de correo no se hará público. Los campos requeridos están marcados *

Tigre vuelve a la primera división del fútbol de Argentina

Ronaldinho y Samuel Eto’o tuvieron un emotivo refriega en Qatar