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El Paso Adjunto de Guaranda genera varios conflictos con 539 familias

Blanca Ibarra impidió que la maquinaria de la Empresa Pública de China CRCC14TH, que construye el Paso Adjunto de Guaranda, ingresara a su demarcación. La mujer, de 70 abriles, miró desde acullá que un agrupación de hombres vestidos con chalecos y cascos anaranjados entraron a su propiedad, en el sector de Chalangoto Bajo, en la vía Guanujo-Echeandía.

Los trabajadores colocaron una fila de estacas de madera, como señal de dónde se edificaría una carretera de dos carriles. Blanca recordó que impidió el ingreso del equipo caminero, pero de inmediato cuatro miembros de la Policía Doméstico le pidieron que se retirara. Al final la sacaron casi a rastras.

“Me solté de ellos y me puse en medio de la máquina. Les dije que me paguen primero la indemnización y con precios justos para que ingresen”, dijo. 

Inicialmente le habían asegurado que se expropiarían 1 300 m² de su demarcación, pero luego de su queja bajó a 300 m².

“Así sea un centímetro, tenían que ponerse de acuerdo conmigo y no ingresar en forma arbitraria”, señaló. 

Blanca Ibarra es un ejemplo de las 539 familias que se sienten afectadas por la construcción del Paso Adjunto de Guaranda. Su principal malestar es que por las expropiaciones de sus propiedades recibirán títulos muy bajos.

“No puede ser que nos cancelen entre 12 y 15 centavos el m² de demarcación. Esto sucede porque no están actualizados los catastros desde 2003, en las 20 comunidades por donde cruza la carretera. Hay familias que recibirán entre USD 100 y 140 que no alcanzará para comprar otra propiedad”, explica Luis ­Cordero, presidente de los hogares afectados.  

Los habitantes del sector El Castillo se enfrentaron con la Policía la semana pasada. Bloquearon la carretera de ingreso a la zona, donde está el campamento de la constructora. Los uniformados respondieron con bombas lacrimógenas, lo que ocasionó maduro indignación en la población.

Cordero reclama la yerro de respeto a las personas de la tercera existencia y a los niños que se encontraban en una protesta pacífica. “De las 539 familias afectadas por la vía, hasta el momento no pagan a nadie, sin secuestro ya iniciaron la edificación de la obra”.

De acuerdo con un documentación del Profesión de Transporte y Obras Públicas (MTOP) de Bolívar, la vía tendrá una distancia de 13,29 kilómetros, un orgulloso de 11,30 metros (dos carriles). Cuenta con dos puentes: sobre el río Salinas, de 260 metros; y el segundo sobre el Guaranda, de 160 metros; habrá tres intercambiadores de tránsito y tres pasos elevados vehiculares.  

La inversión bordea los USD 42 millones y el plazo de construcción es de 912 días. Se prevé que 200 personas levanten la carretera, en la que transitarán 4 000 automotores al día.  

Juan Carlos Yagchirema, director de MTOP de Bolívar, defiende el tesina, pues considera que será la vía de desfogue del transporte pesado que actualmente ingresa a la ciudad.

Este tesina arrancó el 17 de noviembre de 2010, con la firma del pacto del estudio de factibilidad de impacto ambiental e ingeniería. Pero ocho abriles posteriormente, el 27 de marzo de 2018, recién la Subsecretaría Zona 5 aprobó los estudios de factibilidad definitivos de la obra.

El plan constructivo fue presentado en el año 2018 y, de acuerdo con la Ley, los avalúos de los terrenos que atraviesa el Paso Adjunto se hicieron con los catastros municipales de 2017, es afirmar un año ayer, como fija la ley. 

En diciembre de 2020 se entregó el adelanto de USD 8,2 millones a la constructora, pero la obra no comenzó de inmediato porque los terrenos no estaban liberados. Actualmente está descocado un kilómetro de vía, lo que corresponde a escasamente siete familias.

Yagchirema reconoce que hubo negligencia por parte del Municipio, adecuado a la yerro de actualizaron de los catastros cada dos abriles, como demanda la Ley. Eso provocó que los costos del suelo sean relativamente bajos, y que ahora los habitantes del ocupación se nieguen a entregar sus tierras.  

La despacho municipal realizó la modernización de los catastros de la zona rural y urbana en 2019, pero no se están tomando en cuenta estos nuevos avalúos, porque el tesina fue presentado en 2018 con títulos de indemniza­ciones de 2017, como lo explicó Yagchirema.

Por su parte, el corregidor Medardo Chimbolema está consciente de que los títulos de desposeimiento son bajos y solo se puede indemnizar de acuerdo con los montos establecidos en la norma.

A quienes construyeron casas, el Cabildo les dio la opción de presentar una afirmación juramentada, en la que indiquen que en los terrenos se edificaron casas y estas tienen más de cinco abriles de existencia para mejorar su indemnización a percibir.

Written by perú despierta

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