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En la Asamblea se inició el tratamiento de dos propuestas para regular la ausencia del Contralor

Los asambleístas Francisco Jiménez, de Creo, y Ángel Maita, de Pachakutik, impulsan por separado dos propuestas de reformas al artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría, para regular la ausencia del titular de esta institución.

Después de que los textos fueran calificados por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), ambos parlamentarios concurrieron ayer con sus planteamientos a la Comisión de Justicia, que deberá elaborar el informe para primer debate en el Pleno.

La de Jiménez tiene dos artículos e incluye seis causales para el cese de funciones del Contralor General: por destitución vía juicio político, ausencia definitiva o abandono del cargo, y por incurrir en las incompatibilidades e inhabilidades previstas en la Ley. La propuesta también delimita los plazos para determinar la ausencia de esta autoridad.

Se considerará ausencia temporal -dice el proyecto- cualquier circunstancia de fuerza mayor que le impida ejercer sus funciones durante un periodo máximo de tres meses, o por el tiempo de licencia sin remuneración autorizada por la Asamblea, que no superará los 60 días. Luego de vencidos estos plazos la ausencia se considerará definitiva.

“Esto no es nada extraño; por ejemplo, cuando se elabora un contrato se establece con claridad cuáles son las causas que permiten identificar cuándo se ha terminado un contrato, por incumplimiento de plazo, por incumplimiento de obligaciones, en la Ley de la Contraloría eso no existía”, dijo Jiménez.

El proyecto de Maita tiene un artículo. “En caso de ausencia definitiva, temporal, de imposibilidad de ejercer el cargo, o vacancia del Contralor General del Estado y cuando el Subcontralor no pueda ejercer la subrogación o encargo correspondiente (…), el órgano nominador del Contralor deberá designar el encargo correspondiente hasta la posesión de su titular previo concurso”, precisa.

Según el legislador de Pachakutik, el propósito es “garantizar que los ciudadanos cuenten con la seguridad jurídica que los actos administrativos provenientes de la Contraloría se dicten por una autoridad que ejerza el cargo con legitimidad y legalidad”.

El presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro Jaramillo (ID), concordó en que se requiere “una normativa reformatoria que vaya acorde a la realidad que está viviendo en este momento el país”.

Las propuestas legales tienen como propósito superar los vacíos que tiene la norma y que han ocasionado los problemas que enfrenta la Contraloría, ante la censura al Contralor titular y la renuncia del subrogante.

Esto, mientras la Comisión de Fiscalización alista un informe sobre el pedido de juicio político al excontralor Pablo Celi.

Written by perú despierta

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