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Escáneres obsoletos complican el control de las cárceles más grandes

Los escáneres en la Penitenciaría de Guayaquil no funcionan. Los guías penitenciarios, que trabajan en ese centro, confirman que los equipos están abandonados y en los últimos tres abriles han sido obsoletos. Por eso, los controles para el ingreso de personas se realizan de forma manual. Es proponer, un agente chequea cada una de las pertenencias que las visitas llevan en su ropa o bolsos.

A pesar de que esas requisas se realizan minuciosamente, los guías advierten que es necesario tener un equipo tecnológico para detectar cualquier tipo de armas, drogas u objetos que luego puede convertirse en una amenaza.

Pero esta petición no es monopolio de este centro carcelario. Un mensaje de la Asamblea Doméstico detalla que los otros tres megacomplejos penitenciarios del país igualmente tienen problemas con estos equipos tecnológicos.

Por ejemplo, en Chimborazo se alberga a más de 500 privados de voluntad. Allí no hay un escáner para confirmar el ingreso de vehículos. Los guías de ese centro dicen que solo se chequea al tacto lo que ingresa. No existen inhibidores de señal y siquiera hay cámaras de seguridad externas.

La registro de irregularidades en otros centros como la prisión de Cotopaxi igualmente es amplia. En ese perímetro, que alberga a más de 5 000 detenidos, siquiera se utilizan escáneres en los filtros de seguridad. Esto ocurre porque los equipos aún están a nombre de la Secretaría de Derechos Humanos y eso ha impedido que mantengan un adecuado mantenimiento.

En Cuenca sucede poco similar. Los reportes oficiales señalan que en el tercer filtro de seguridad no funcionan, desde hace muchos meses, los escáneres de objetos y de uso corporal. Siquiera está activo otro equipo que verifica la entrada de vehículos al centro.

Para la Policía, estas fallas en las seguridades han generado que las bandas creen rutas de ingreso de armas y drogas a estos sitios. Para los agentes, la descuido de estos equipos sería un divisor que determinó el incremento de la violencia. Este año ya se contabilizan 315 asesinatos de detenidos en el sistema penitenciario.

Por eso, el Gobierno ha iniciado una evaluación de la descuido de equipos especializados. Hasta el momento se conoce que ya se concretó la negocio de dos escáneres por un valía cercano a USD 6 millones. La Gobierno del Guayas ha confirmado que uno de esos equipos será destinado para el arduo carcelario de la provincia. El segundo, en cambio, será instalado en la Sierra.

Aunque aún no se conocen detalles de esta negocio, fuentes oficiales han confirmado que se alcahuetería de equipos de última concepción que permiten visualizar el interior de cualquier objeto mediante rayos X.

Esta es parte de la nueva inversión que el Estado ha señalado que ejecutará para solventar la crisis carcelaria. Lo que no se ha informado aún desde el Gobierno es si al país llegarán más equipos de estas características, para los demás centros penitenciarios.

Especialmente, a las cárceles más pequeñas que siquiera tienen escáneres. Una de estas es la prisión 4 de Libre. Allí la mayoría de detenidos son policías o acusados por actos de corrupción.

En otros lugares como la prisión El Rodeo, en Manabí, siquiera existen escáneres. Allí hay equipos obsoletos de una adquisición con irregularidades que datan del 2017.

Pero no es la única negocio que tuvo inconvenientes. La Contraloría del Estado ha realizado múltiples exámenes especiales a las adquisiciones del Servicio Doméstico de Rehabilitación Social o SNAI.

En estas se detalla que entre el 2013 y el 2017 se intentaron comprar al menos ocho escáneres. Uno de estos debía durar a la prisión regional de Guayas. El reporte de negocio señala que fue entregado en el 2014 por un valía de USD 72 000. En la concurso se determinó que el escáner debía ser entregado luego de ocho días del plazo. Sin secuestro, la arribada se concretó posteriormente de 314 días. Hoy ese equipo tecnológico no funciona.

Entre tanto, en el resto de compras, la Contraloría detectó que seis equipos no cumplieron con las especificaciones correspondientes. El costo original era de USD 104 000, pero el proceso se suspendió. Por eso, ahora la Policía y los militares han reforzado los controles en los ingresos.

Written by perú despierta

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