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Estado de excepción: la renovación vuelve a la cancha de la CC

Luego de una semana en la que hubo cruce de dardos entre el presidente Guillermo Lasso y la Corte Constitucional (CC), nuevamente una atrevimiento del Ejecutante está en manos de los nueve magistrados del organismo.

La CC deberá emitir su control de constitucionalidad, delante la renovación del estado de excepción focalizado en nueve provincias, dispuesto por Lasso el 18 de noviembre pasado. La medida está planteada para 30 días, bajo la causal de arduo conmoción interna.

El Gobierno volvió a apelar al estado de excepción con el argumento de que los índices delictivos no se han desvanecido en su totalidad, pese a los operativos que se ejecutaron en el postrer mes. En el antecedente informe, la CC le recordó al Gobierno que el combate a la inseguridad se debe efectuar bajo el sistema ordinario.

La renovación que hizo el Ejecutante camina en paralelo al estado de excepción dictado en el sistema carcelario, que rige desde el 29 de septiembre.

Hay expectativa por la respuesta de la Corte, ya que aún se debate si el Presidente cumplió o no el informe que dispuso que la movilización y décimo de las Fuerzas Armadas en el control de la seguridad de las cárceles se debe cercar al perímetro foráneo, incluido el primer filtro de ingreso de los recintos.

Luego de la última holocausto perpetrada en la Penitenciaría del Costa, con 68 muertos, Lasso criticó el informe y “llamó la atención” a la Corte. En respuesta, la CC acusó al Primer Mandatario de pretender “esquivar
sus responsabilidades”.

Este cruce de señalamientos ha sido calificado como “error discursivo” por analistas. A este primer ‘impasse’ se sumó otro momento tenso, registrado el 15 de noviembre postrer en Guayaquil, cuando Lasso se reunió con todas las cabezas de las Funciones del Estado.

Ahí, Hernán Salgado, presidente de la CC, increpó al Primer Mandatario por el trabajo de sus asesores en el ámbito procesal. Luego, abandonó el discusión. En la cita se encontraba Fabián Pozo, secretario Legal de la Presidencia.

Al finalizar ese cónclave, Lasso dispuso el ingreso de un contingente de Policías y Militares a la Penitenciaría del Costa, tras la matanza.

Para el analista legal Esteban Ron, la disposición de que militares y policías ingresen a la Penitenciaria no irrespetó el informe de la CC sobre el estado de excepción en las cárceles. Advierte que el Ejecutante y la Corte no están obligados a permanecer una relación, pues existe una método de contrapesos.

A su criterio, el Gobierno no sobrepasó el informe por dos razones: los militares ingresaron con la “coordinación” de la Policía Franquista y había la “carestia”, delante una nueva holocausto carcelaria.

Para el constitucionalista Ismael Quintana, en cambio, el Ejecutante sí incumplió el informe. Si adecuadamente menciona que estos fallos son vinculantes y de obligatorio cumplimiento, cree que en sus decisiones la CC ha excedido su licencia interno y se ha desconectado de la sinceridad.

“Yo estoy en contra de la prohibición pública que le impuso la Corte al Presidente, porque la Constitución, en su artículo 165, sí permite disponer el uso de fuerza pública para pasar las contingencias en el contexto de un estado de excepción”.

El secretario Pozo, en declaraciones de prensa, mencionó que los militares no han ingresado a los pabellones. Adicionalmente, entre el cerco situado en la calle y el primer filtro hay una distancia considerable.

Quintana dice que, de considerarlo, la CC podría iniciar un procedimiento de demostración del cumplimiento de su informe. O igualmente podría no pronunciarse, como ya ha pasado en “varios” casos, donde no se han respetado los fallos constitucionales.

El entendido coincide con el llamado de la Corte Constitucional respecto de que la seguridad se debe atender de modo estructural y no solo mediante estados de excepción.

Wagner Espléndido, universal en servicio pasivo, considera que los temas que enfrenta el país requieren una presencia del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), donde ya se calificó al crimen organizado como amenaza.

Lasso ha dicho que empleará todos los medios constitucionales y legales, encima de “la fuerza de la Ley”, para hacer frente a la problemática.

En tres días concluirá el estado de excepción en las cárceles y se prevé que se dicte una renovación, que igualmente deberá ser sometida a la CC.

Todos estos procesos ocurren en medio de una renovación de tres jueces de la Corte Constitucional, que ha estado marcada por tropiezos.

Written by perú despierta

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