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Indolente fragilidad institucional | El Comercio

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Adolfo Maldonado Sánchez

Los sucesos acaecidos en los Centros de Rehabilitación de varias ciudades del país, sin ánimo de inducir al morbo, evidencian un grave problema que nos aqueja como sociedad.

El Derecho a la Vida y el Derecho a la Integridad Personal como es el caso de las PPL “personas privadas de su libertad”, artículos 4, 5 y 6 de la Convención Americana de Derechos Humanos CADH, manifiestan: “4. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.

5. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 6. Las penas privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados […]”.

En ese orden de ideas, de los pronunciamientos expresados por el primer mandatario y el Director de los Centros de Rehabilitación del país, denota un resquebrajamiento moral – institucional, al no haberse adoptado verdaderas “Políticas Públicas”, en favor de la reinserción de los PPL; situación, que estoy más que seguro, que los lamentables hechos, con pérdidas de vidas humanas, se estarán dilucidando, en las altas cortes internacionales por la omisión de no haberse implementado (CADH, art. 2) “las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos…[…]

La responsabilidad de garantizar el Derecho a la Vida y su integridad física, psíquica y moral, le corresponde al Estado.  

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Written by perú despierta

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