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La Asamblea pide reestructuración del sistema penitenciario

La reestructuración del sistema penitenciario y una reparación integral para las víctimas de las masacres carcelarias forman parte de las recomendaciones de la Asamblea Nacional a varias instituciones, tras aprobar el informe que determinó un abandono del Estado a estos centros.

La resolución fue aprobada con 131 votos a favor y una abstención este miércoles 17 de noviembre de 2021. El Pleno acogió el informe de mayoría de la Comisión de Seguridad, que determinó una serie de omisiones de todas las Funciones del Estado en esta problemática.

El presidente de la Comisión, Ramiro Narváez (ID), indicó que el documento recoge medio de centenar de conclusiones, en donde se identificaron fallas en distintas instituciones desde 2016, lo que derivó en las masacres que en lo que va del 2021 han cobrado la vida de más de 300 personas en las cárceles.

Apuntó que la responsabilidad directa recae en los ministerios que son parte del organismo técnico de rehabilitación social. Señaló que esta crisis se profundizó de 2017 a 2021, y se agudizó en 2019 porque “se afectó la institucionalidad”.

Añadió que el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) no cumple su rol y que la Función Judicial también “ha sido la gran ausente” en esta problemática. Consideró que ya es hora de “pasar de la palabra a la acción” y dijo que el sistema penitenciario debe ser una prioridad nacional, sin banderas políticas.

Debate

La resolución fue aprobada después de un debate del que participaron 22 legisladores. Las intervenciones se dieron luego de que al Secretario de la Asamblea le tomó casi seis horas, con dos recesos, leer el expediente de más de 500 hojas.

La jornada estuvo caracterizada por algunas alusiones entre las bancadas del oficialismo y el correísmo. Jorge Pinto (Creo) acusó al bloque de Unes de pretender “lavarse las manos” frente a esta crisis, pues el informe determinó que el Estado empezó a perder el control de las cárceles desde 2015, último periodo de gestión del Gobierno de Rafael Correa.

Pinto responsabilizó a ese régimen de acciones como la salida de la Base estadounidense en Manta, lo que habría derivado en una mayor penetración del narcotráfico en el país.

Como una moción previa, Ronny Aleaga (UNES) intentó presentar un informe de minoría para exigir la renuncia de varios funcionarios del Ejecutivo como la ministra de Gobierno, Alexandra Vela; la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez; y la comandante general de la Policía, Tannya Varela.

“No hay más ciego que el que no quiere ver, porque cuando ocurren estos problemas, en vez de asumir las responsabilidades salen con la vieja y confiable, y dicen: la culpa es de Correa”, señaló Aleaga, quien acusó de negligentes a los ministros de Lasso.

La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori (Pachakutik), no dio paso a la moción de Aleaga, pues dijo que no se ajustaba al procedimiento parlamentario. Entonces, Patricia Núñez, otra asambleísta de UNES, sugirió al Pleno que se recomiende juicio político para la ministra Vela, lo que no fue acogido en la resolución final.

 Los asambleístas independientes Pedro Velasco y César Rohón llamaron a que el Parlamento también asuma compromisos para una solución. Joel Abad, asambleísta de Pachakutik, anunció que “presentará un proyecto de ley para que se elimine el consumo de drogas”.

Narváez recordó que el proyecto de Ley para el uso progresivo de la fuerza, Ley para Fuerzas Armadas, Código de Seguridad del Estado y reformas a la Ley de Desarrollo fronterizo son parte de los pendientes de la Asamblea. A eso, algunos asambleístas sumaron algunos pedidos de amnistías que están represados.

Resolución:

1. Conocer y acoger el informe de mayoría de la Comisión de Seguridad para prevenir y resolver la crisis carcelaria, por cuanto la emergencia en el ámbito de la seguridad está causando grave conmoción social.

2. Determinar que la situación que viven las cárceles del país es una prioridad nacional a ser tratada sin evasión de responsabilidades.

3. Recomendar a todas las instituciones que desarrollen de manera inmediata protocolos para la atención a los presos.

4. Recomendar al ente rector del sistema de rehabilitación social que con el carácter de urgente implemente un plan de contingencia que permita superar el déficit de talento humano en el área.

5. Recomendar que el sistema de rehabilitación social plazos de las recomendaciones metas a corto, medio y largo plazo, orientados a la reestructuración del sistema penitenciario.

6. Requerir a la Defensoría del Pueblo el fortalecimiento de las acciones del mecanismo nacional de prevención de la tortura, tratos crueles y degradantes.

7. Solicitar a la Defensoría del Pueblo inicie un proceso defensorial por la vulneración de los derechos humanos de las víctimas de las masacres.

8. Solicitar a las distintas funciones del Estado se determinen medidas de reparación integral para las víctimas y sus familias.

9. Remitir el informe a la Contraloría y Fiscalía para sus investigaciones.

10. Remitir el informe a la Presidencia de la República, Corte Constitucional y otras entidades.


Written by perú despierta

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