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María Josefa Coronel: ‘No hay una conexión eficaz entre la conciencia y el SNAI’

Actualmente, el país vive una crisis carcelaria que ha dejado 315 presos asesinados. Las prisiones de Guayaquil son las más violentas y las que más apilamiento padecen. Informes del Directorio de Rehabilitación Social responsabiliza a distintas instituciones, entre ellas a la conciencia, por todos estos hechos.

¿Cuáles son las responsabilidades que el sistema legal tiene en esta crisis penitenciaria?

En primer superficie, la filial penitenciaria le pertenece exclusivamente a la función Ejecutiva. En segundo superficie, habría que preguntarse si en el país existe una encargo penitenciaria. ¿Efectivamente tenemos un equipo de profesionales capaces de administrar la vida de privados de autogobierno? Nosotros como conciencia nos estamos expresando a una encargo penitenciaria que en existencia no existe.

¿Pero qué ha hecho la Probidad para achicar el apilamiento?

Lamentablemente lo que no se ha hecho se da por muchas razones. Una de estas es que no hay una conexión entre el togado de garantías penitenciarias con un togado de garantías penales. Siquiera hay una conexión con el SNAI (Sistema de Rehabilitación Social).

¿Para qué se necesita esta conexión?

Para que el togado esté despabilado de que pronto va a cumplir la pena un detenido. Asimismo serviría para que el togado conozca cómo avanzan los informes de conducta. Pero aquí no se sabe porque el SNAI es una entidad invisible a la que usted le envía una solicitud a Libre porque siquiera hay oficina en Guayaquil. Ese referencia regresa seis o siete meses a posteriori.

El postrero referencia de Rehabilitación indica fallas específicas de la función legal. Allí se explica que desde el 2014, año que entra en vigencia el Código Integral Penal, la población penitenciaria pasó de 23 500 a 38 000 presos. Y advierte que jueces y fiscales “tienen una dependencia excesiva de la prisión preventiva”. ¿Eso es efectivo?

Es muy difícil darle una respuesta de una forma generalizada porque al violador no hay como dejarlo fuera. Siquiera se les puede dar una medida alternativa. Al narcotraficante siquiera. Si perfectamente es cierto que la Corte Constitucional ha dicho que los jueces deben resolver sobre la prisión preventiva como postrero procedimiento, no es menos cierto que el Código Penal dispone a los jueces una prohibición en ciertos casos.

La mayoría de las personas que están en las cárceles (53,7%) están por delitos relacionados a drogas y contra la propiedad. ¿Han analizado este aspecto?

La ley es clara. Hay unos delitos que no se pueden dar prisión preventiva. Para que usted tenga una idea, hay casi 400 agentes de Policía que tienen que estar custodiando las prisiones domiciliarias, mientras que podrían estar cuidándonos en las calles. Esa es otra queja social. Por eso no es necesariamente efectivo que los jueces mandamos a todos a la prisión.

¿Pero en procesos para otorgar prelibertades cómo se puede facilitar?

Necesitamos una comunicación eficaz con el SNAI y un traslado de información rápida. Hoy no la tenemos. El SNAI debe devolver los informes rápidamente al afortunado o al detenido para que ellos puedan presentar delante los juzgados. Yo me demando por qué el SNAI no hace este trámite directo y pasa al despacho del togado. De esta forma no se hace esperar al hogareño del detenido cinco, seis o siete meses.

¿Pero qué se necesita para que esto se concrete?

Se necesitan tres cosas. Voluntad estatal, décimo de los funcionarios y los posibles para respaldar las herramientas.

¿Esta sería una de las vías que serviría para achicar el apilamiento?

Una de ellas. Esto serviría para los jueces de garantías penitenciarias. Pero para el postergación en tribunales sería bueno que el sistema penitenciario garantice que las diligencias no se suspendan por fallas de internet.

¿La Judicatura ha analizado otras alternativas para achicar el apilamiento?

Nosotros este año hemos emitido 3 754 boletas de excarcelación solamente en la Mecanismo de Garantías Penitenciarias. Encima, desde enero hasta el 17 de noviembre en toda la provincia de Guayas se han emitido 11 725 boletas de excarcelación. Creo que es un buen número para colaborar con achicar el apilamiento en las cárceles.

¿Pero eso es mucho o poco en comparación con otros abriles, o se batió un récord?

No, yo creo que eso nunca será suficiente y no tengo la información a la mano para hacer un observación al pasado y siquiera creo que sea un récord. Yo creo que aquí ninguna institución o poder del Estado puede opinar, a estas jefatura del partido, que se ha roto un récord. Aquí lo que nosotros deberíamos hacer, como representantes del Estado, es pedir perdón por la exterminamiento ocurrida en las cárceles.

La ministra de Gobierno Alexandra Vela el 11 de noviembre pasado se refirió a la prelibertad que se le otorgó al jerarca de la bandada delictiva Los Tiguerones. La funcionaria dijo que los “jueces deberían además apoyar la lucha en contra de la delincuencia organizada y no proceder de forma tan expedita a poner en autogobierno a un (cabecilla) de una bandada y colocarlo de nuevo en las calles de la ciudad. ¿Qué pasó en ese caso?

No rememoración que la ministra haya hecho ese comentario, pero la autogobierno que se le concedió al personaje que usted hace relato fue excarcelado porque legalmente le correspondía. El SNAI nunca dijo carencia sobre el ciudadano. Por el contrario, dijo que tenía certificados de buena conducta y que cumplió con el 60% de la pena. Tenía todos los requisitos para la prelibertad. Siquiera estaba denunciado de ninguna forma y si a él se le atribuye las masacres le vuelvo a preguntar. ¿Por qué no estaba denunciado delante la Fiscalía? Ese hubiera sido un buen tipo para que el togado no le otorgara la fianza penitenciaria, pero eso no existió.

Hoja de vida

Formación: Es abogada. Tiene una industria en Derecho Funcionario, una especialización en Derechos Humanos. Asimismo cuenta con un Experto en Resolución de Conflictos.
Trayectoria: Llegó al Consejo de la Judicatura, en Guayas, en septiembre pasado. En el 2006 fue directora de la Corporación Municipal del Registro Civil.

Written by perú despierta

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