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Turismo armado – El Comercio

El modelo es simple y funciona en varios países. Ya en el poder, lo primero que hacen es desarmar a la población. Tener un arma se convierte en delito grave. A la par se eliminan las leyes punitivas y crean otras que criminalizan la acción policial: luz verde para que la delincuencia crezca, eliminen a grupos débiles y establezca sus territorios controlados en sombrío pacto con los gobernantes. En fronteras, selvas o playas, algunos grupos se hacen tan fuertes que actúan emancipados de los políticos.

Luego vienen los justificativos del Gobierno ante la avalancha delictiva: es que no hay fuentes de empleo, es que el neoliberalismo favoreció a los ricos; y entra la inyección de sumisión: si le asaltan no oponga resistencia, es más valiosa la vida que las cosas materiales. Los ciudadanos viven encerrados, cae el turismo interno y florecen los negocios de seguridad.

Así, el Gobierno estrena su nueva milicia que se paga, arma y depura sola, 24/7 al servicio de un partido que señalan desde la penumbra, a quienes amedrentar o asesinar en caso que perturben el “proceso”. En los gobiernos populistas no existen crímenes de Estado. Todo se culpa a la delincuencia, que crece “por culpa del narcotráfico” resultado de la “adicción de los gringos”.

Es cotidiano ser robado o asaltado, menos los burócratas importantes; y si algún delincuente distraído desvalijó la casa de un político, a los minutos aparece hasta el último cachivache. Los medios triplican la crónica roja que adormece la conciencia social y prosperan medios sangrientos adictos al efecto “circo romano”: las tragedias de otros hacen tolerables las nuestras.

En lo turístico, poner y mantener hospedajes y más servicios rurales, se dispara en precio y tarifa por lo costoso de asegurar grandes extensiones. Antes se invertía en guardias armados, ahora en cámaras, detectores y cercas. Los cascos históricos son administrados por pandillas. Las carreteras son concesionadas a los traficantes de madera, vida silvestre y drogas. Crecen las zonas rojas a prueba de militares.

En Ecuador en 14 años rentaron la isla de paz a las mafias. Revertir esto y volver a garantizar el derecho a la inviolabilidad de la vida, exige reformas legales en consenso con la mayoría de partidos, muchos de los cuales no anhelan la paz, ya que el caos es ideal para que sus violentos dirigentes obtengan posiciones estelares, que en tiempos normales les sería imposible. Los partidos opuestos a la portabilidad de armas, acreditan con quienes están asociados.

Terminamos el año otra vez con el país en lista roja. EE.UU. y Canadá incluyen en sus alertas a sectores de Quito y Guayaquil a más de la frontera norte. El sabotaje a la moral de nuestros políticos, su descomposición y el estado de confrontación que fomentan; influye estar en estas listas, tanto como las bandas delincuenciales, por lo que el turismo no va a recuperarse hasta que se aplique la ley a todos los violentos.

Written by perú despierta

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