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ONU emite duro crónica contra Colombia por “graves violaciones” de los derechos humanos durante protestas de este año

La ONU identificó “graves violaciones” de los derechos humanos por agentes estatales en las protestas de este año en Colombia que incluyen el homicidio de al menos 28 civiles, según un duro crónica emitido este miércoles por la oficina de derechos humanos del organismo.

En un documento de 63 páginas, la delegación en Colombia del Detención Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas adujo “razones fundadas” para sostener que las autoridades incurrieron en el “uso innecesario o desproporcionado de la fuerza” en las movilizaciones del 28 de abril al 31 de julio.

La movimiento abusiva de efectivos estatales derivó en homicidios, detenciones arbitrarias, violencia sexual y de existencias, y actos de discriminación y racismo.

A partir de entrevistas, demostración forense de videos y consulta contrastada de fuentes, la oficina verificó 46 muertes, 44 civiles y dos policías.

“En al menos 28 casos los presuntos perpetradores habrían sido miembros de la Fuerza Pública” y en “10 habrían sido actores no estatales”, se lee en el crónica. En los demás casos, añade la ONU, no pudo identificar al supuesto atacante.

La fiscalía colombiana maneja, en cambio, una emblema de 29 homicidios relacionados con la agitación social que siguió a las movilizaciones además numerosas de 2019 y 2020, estas últimas contra la violencia policial.

Sin incautación, no fue hasta abril que se configuró un inédito movimiento doméstico de protesta, en su mayoría pacífico, que se extendió por meses y envolvió a las principales ciudades.

Cientos de miles de personas salieron a diario a las calles en rechazo al plataforma de impuestos que proponía el gobierno para disimular la catástrofe de la pandemia, y que finalmente archivó frente a la presión popular.

La movilización, que encabezaron los jóvenes sin empleo o estudio, dejó al descubierto la crisis social y económica acentuada por la emergencia sanitaria en uno de los países más desiguales del mundo y con una informalidad que ronda el 50% de los trabajadores.

Duramente reprimidas, las manifestaciones que pedían un Estado más solidario se tornaron violentas e incorporaron el aliciente de una reforma de la policía.

Gobierno, inconforme

Visiblemente amargo, el gobierno conservador de Iván Duque expresó que no comparte “muchas afirmaciones” contenidas en la investigación de la ONU.

“No podemos permitir de ninguna modo que nos vengan a descalificar la institucionalidad y el Estado de derecho”, dijo la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, en entrevista con Blu Radiodifusión.

En su crónica, la ONU además dijo que entre los abusos que pudo repasar están los de “16 víctimas de violencia sexual” a manos de la fuerza pública.

Así mismo, documentó “graves acciones de violencia” contra agentes estatales, por otra parte de la destrucción de riqueza públicos y privados.

“La Oficina conoció algunas situaciones de bloqueos y cierres de vías que afectaron negativamente o impidieron el prueba y disfrute de derechos humanos”, anotó.

A partir de sus hallazgos, el organismo formuló varias recomendación al Estado colombiano, entre ellas “una transformación profunda” del Esmad, la fuerza policial encargada del control y dispersión de las protestas.

Según Naciones Unidas, las autoridades deben revisar los protocolos que sigue ese cuerpo policial sobre “el uso de la fuerza y de las armas y municiones menos letales para que cumplan con las normas y estándares internacionales de derechos humanos”.

Por otra parte se “debe impulsar un debate amplio en la sociedad sobre la reforma a la Policía Franquista, incluyendo los mecanismos de control y de rendición de cuentas” y la “pertinencia” de que pase del “Tarea de Defensa a un Tarea de autoridad civil”.

La vicepresidenta Ramírez insistió en su rechazo a que mediante informes como el de la ONU se “esté generando una desconfianza generalizada de las instituciones”, y enfatizó que el gobierno tiene “cero tolerancia con la violación” de las garantías fundamentales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya había denunciado en julio la reacción “desproporcionada” de las fuerzas estatales con los manifestantes.

El lunes además se conoció el crónica de una relatoría independiente, realizado a pedido de la alcaldía de Bogotá, en el que la policía es señalada de suceder cometido “una mortandad” en septiembre de 2020. Entonces merienda jóvenes murieron a manos de la fuerza pública durante las protestas contra la violencia policial en la ciudad, según la investigación.

(AFP)

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Written by perú despierta

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